NORMATIVA VALENCIANA

En la Comunidad Valenciana se han dictado diversas leyes relativas a la sanidad, participación ciudadana, y derechos de los niños y adolescentes. El 25 de junio se publicó en el BOE la ley de aseguramiento sanitario del Sistema Sanitario público de la Comunidad Valenciana con el objetivo de garantizar y regular el acceso universal de la población a las prestaciones sanitarias en condiciones de igualdad y calidad, obtener un sistema sostenible financieramente, y consolidar el carácter universal del registro SIP (Sistema de Información Poblacional de la Consellería de Sanidad).

El 16 de julio se publicó la ley de los derechos de salud de niños y adolescentes con la finalidad de que estos colectivos tengan garantizado su derecho a la salud en su sentido más amplio, apostando por la integración social de los niños que sufran una enfermedad o discapacidad, y en general por aquellos menores que se encuentren en una situación de alta vulnerabilidad.

El 19 de agosto se publicaron dos leyes en el BOE: la ley de protección integral de la infancia y la adolescencia, y la ley de participación ciudadana. La primera ley, adaptándose a los cambios normativos producidos, garantiza el bienestar de los menores concibiéndolos como sujetos activos de derechos en los diferentes contextos donde se mueve, el escolar, social, institucional y el familiar. Ocupa un papel destacado la regulación que hace la ley de las situaciones de riesgo o desamparo donde se ordenan las distintas formas de guarda como el acogimiento residencial o el acogimiento familiar, o el sistema de reeducación y reinserción de los menores conforme a la normativa de responsabilidad penal. La ley de participación ciudadana, considerando a este movimiento como uno de los pilares básicos sobre los que se asienta la democracia tiene como fines: fomentar la participación ciudadana; acercar las instituciones públicas valencianas a la ciudadanía; implicar a la ciudadanía en la actuación de la Administración; garantizar a los ciudadanos la información de los procedimientos que promueva, desarrolle o tramite la Administración; y establecer mecanismos de evaluación de las políticas públicas y de investigación del estado de la opinión pública.